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Exhiben abusos en Brasil.
Imprimir - Hemeroteca | Publicado: 31 de Julio del 2015
.-* La policía de ese país se enfoca en matar a jóvenes negros y de bajos recursos; activistas denuncian un genocidio
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Con un récord de 11 mil 197 ejecuciones, la Policía de Brasil está nuevamente en el ojo del huracán, acusada de eliminar a pobres y negros de ese país, principalmente jóvenes, y de participar en grupos de exterminio que emulan a los Escuadrones de la Muerte de dictaduras pasadas.

El informe final de la Comisión Parlamentaria para la Investigación de los Homicidios de Jóvenes Negros y Pobres, de la Cámara de Diputados de Brasil, dado a conocer a mediados de julio, definió el problema como un “genocidio” amparado en un “racismo institucional” que enfrenta a muchos policías de piel oscura y origen humilde contra jóvenes igualmente humildes y de piel oscura.

Negros contra negros, mestizos contra mestizos y jóvenes policías pobres contra adolescentes pobres, que “a veces reeditan”, dice el informe, a los “Cãpitaes doMato”, los negros que hace dos siglos se pusieron al servicio de los colonizadores para ayudarles a mantener el orden esclavista.

La posibilidad de que un joven negro sea víctima de un homicidio es 3.7 veces mayor que la de un blanco”, denuncia el informe de la comisión parlamentaria coordinada por Reginaldo Lopes del Partido de los Trabajadores (PT) bajo el título Relatório Final Comissão Parlamentar de Inquérito Homicídios de Jovens Negros e Pobres.

Pero el riesgo que tiene un joven negro de morir asesinado se dispara a 13.4 veces más que el de un joven blanco en el estado de Paraíba; a 8.7 veces más alto en Alagoas y 4.01 veces más en Ceará, ubicados en el noreste de Brasil, según otro informe patrocinado por la Presidencia de la República, el Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desogiañdade Racial 2014, dado a conocer este año.

Una competencia de cifras de letalidad policiaca quedó temporalmente saldada por las cifras avaladas por el Ministerio de Justicia que arrojan un promedio de seis muertos al día, 2,239.4 al año, a manos de policías militares y civiles a lo largo de los cinco años de 2009 a 2013 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Sistema Nacional de Informaçoes de Segurança Pública Prisionais e sobre Drogas y del Ministerio de Justiça).

La organización Amnistía Internacional también se sumó este año a la ola de denuncias de brutalidad policiaca en Brasil para informar que una insignificante proporción de cinco a ocho por ciento de los responsables de los homicidios por brutalidad policiaca en Brasil son llevados ante la justicia.

Los responsables nunca son investigados ni castigados si son hallados culpables, lo que alimenta el ciclo de violencia e impunidad”,
publicó la organización en su página electrónica en marzo de 2015.

ESCUADRONES
DE LA MUERTE

Las organizaciones de derechos humanos de Brasil han ventilado los casos impunes de una violencia policial contra la población que no terminó con el fin de la última dictadura militar (1964 a 1985) y que tuvo como uno de sus fenómenos más controvertidos a los Escuadrones de la Muerte.

Escuadrones de la Muerte fue el nombre que se dio a los grupos policiales de los años 50 y 60 que, con el beneplácito de los miembros del poder ejecutivo, legislativo y judicial, de una parte de la sociedad civil y, después de 1964, con el apoyo de integrantes del régimen militar instalado en nuestro país, formaron grupos de exterminio que actuaron en algunos estados de Brasil”, señala Márcia Regina da Costa en su ensayo 1968: O Esquadrao da Morte em Sao Paulo.

Uno de los casos que evidenció la existencia de grupos de exterminio a tres décadas de distancia del fin de la dictadura militar salió a la luz con la noticia de la agencia RT y Tanaweb.tv Política sobre la detención de un grupo policial en el montañoso estado central de Goiás, cercano a Brasilia, la capital carioca.

El 16 de febrero de 2011 un grupo de exterminio, integrado por 19 policías de Goiás, fue arrestado por ejecutar a por lo menos 40 personas, entre niños, adolescentes y mujeres, mediante el operativo “No matarás”, informaron RT y Tanaweb.tv Política.

Tomaron en sus manos la posibilidad de hacer justicia y de implementar la pena de muerte, lo cual está prohibido por la constitución federal”, dijo Joao Furtado M. Neto.

El hecho tuvo lugar un mes después que Marconi Perillo, un político del partido PSDB, asumió por segunda vez, el 1 de enero de 2011, la gubernatura de ese estado.

IMPLICA A
ALTOS MANDOS

El caso fue ampliamente investigado por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado de Goiás, que en su informe Inseguranca Púlbica em Goiás: Anacronismo e Caos, de agosto de 2012, ventiló detalles de la brutalidad e impunidad de la Policía Militar que, de acuerdo con el artículo 144, párrafo 6 de la Constitución Brasileña, está directamente al mando de los gobernadores de cada una de las 26 entidades federativas de esa nación.

No es una novedad la persistencia de las violaciones de los derechos por parte de las fuerzas policiacas de Brasil, incluso después del fin de la dictadura: abuso de autoridad, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurren en varias regiones del país. Grupos de exterminio y milicias también actúan en varios sitios”, denunció en agosto de 2012 la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Goiás.

El documento de 46 páginas de la Asamblea Legislativa de Goiás documenta la práctica establecida de asesinar y desaparecer a las víctimas de la tortura para eliminar toda huella de violación a los derechos humanos; el borrador de evidencias de tortura hasta en los hospitales y el uso eficiente de las conferencias de prensa para limpiar la imagen de las fuerzas policiacas involucradas en ejecuciones extrajudiciales y el ascenso de los involucrados en los crímenes a cargos más altos en la jerarquía policial.

A la luz de esas denuncias, la Comisión Parlamentaria para la Investigación de los Homicidios de Jóvenes Negros y Pobres presentó una Propuesta de Ley para reformar a la policía brasileña que en su Sección II Párrafo XIII pone énfasis en la preservación de la vida de los delincuentes. También propone la creación de una Policía Única que arrebate a los gobernadores estatales el mando sobre los cuerpos policiacos.

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